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El Gobierno prevé aprobar hoy el decreto de centros de datos: Merlin y Solaria, las más expuestas

El texto contempla una serie de requisitos destinados a evitar que el elevado consumo eléctrico y de agua de los centros de datos traslade costes adicionales al conjunto del sistema. Sin embargo, estas medidas también supondrían un aumento de los costes de construcción y desarrollo de los proyectos, lo que podría reducir el atractivo de España para nuevas inversiones.

Entre las principales exigencias destaca la obligación de que el 80% del consumo eléctrico esté respaldado por instalaciones de autoconsumo o contratos de compraventa de energía renovable (PPA).

Además, esta cobertura deberá verificarse hora a hora, en lugar de calcularse mediante balances anuales o mensuales. Esto obliga a las compañías a garantizar una mayor correspondencia temporal entre el consumo eléctrico de sus instalaciones y la energía renovable contratada o generada.

RIESGO DE FUGA DE INVERSIONES

Bankinter considera que la aprobación del decreto supondría una noticia negativa para el sector, ya que podría provocar que las inversiones previstas en España se desplazaran hacia otros países con condiciones regulatorias más favorables.

Los analistas recuerdan que SpainDC, la patronal de promotores de centros de datos, estimaba una inversión acumulada de 67.000 millones de euros en España entre 2026 y 2030. Sin embargo, tras conocerse el contenido del proyecto normativo, la asociación advirtió de que proyectos valorados en 9.000 millones de euros habían manifestado su intención de trasladarse a otros países si finalmente se aprobaba el decreto.

La advertencia de la patronal va incluso más allá. Según recoge Bankinter, entre el 80% y el 90% de las inversiones previstas podrían acabar desplazándose a otras geografías, lo que pondría en riesgo buena parte del crecimiento esperado de esta industria en España.

Este escenario supondría un importante desafío para el desarrollo de nuevos centros de datos, cuya demanda está aumentando por la expansión de la inteligencia artificial (IA) y las necesidades de capacidad de procesamiento y almacenamiento de información.

MERLIN Y SOLARIA, LAS MÁS PERJUDICADAS

En cuanto al impacto sobre las compañías cotizadas españolas, Bankinter considera que las consecuencias de la nueva regulación serían diferentes en función de la exposición geográfica de cada empresa.

Merlin Properties y Solaria serían las más perjudicadas, dado que sus carteras de proyectos vinculados a centros de datos tienen un mayor peso en España. En caso de aprobarse el decreto, las nuevas exigencias podrían elevar sus costes de inversión y comprometer parte de los ingresos futuros asociados al desarrollo de estas instalaciones.

Por el contrario, ACS se encontraría en una posición más favorable, gracias a su mayor diversificación internacional y, especialmente, al peso que tiene Estados Unidos en su negocio. Según Bankinter, esta distribución geográfica permitiría al grupo limitar las consecuencias de la regulación española, de modo que el impacto sobre ACS sería reducido.


Source: Bolsamania.com

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