El juez ha explicado en declaraciones a la agencia Efe que «la disposición general de la Comunidad de Madrid no necesita ratificación judicial para entrar en vigor y aplicarse», ya que establece normas generales para toda la población y no para una persona específica.
Asimismo, ha especificado que el juez no controla ni valora la legalidad de esa orden puesto que es juez de garantías y, por tanto, sólo determina y aprecia si la disposición afecta a los derechos fundamentales de la persona.
Villagómez ha asegurado que el Ministerio Fiscal, que habría informado desfavorablemente sobre el recurso de apelación presentado por la Comunidad de Madrid señalando que la orden no necesita ser ratificada judicialmente, ha respaldado su postura. “Es de cajón”, ha señalado el juez.
No obstante, su auto generó dudas en el Gobierno autonómico, que pidió una aclaración al juez y este respondió que «no puede ser atendida en los términos interesados», por lo que el Ejecutivo elevó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está pendiente de resolver. Una cuestión que no será inmediata, avanzan a Efe fuentes jurídicas.
Source: Bolsamania.com
