De esta forma, el magistrado ha concluido esta instrucción, que se inició en 2017, sobre las posibles anomalías que llevó a cabo Urbas en la ampliación de capital de 2015, por un importe de 384 millones de euros, para absorber Aldira inversiones inmobiliarias.
En el auto, Calama también se ha dirigido contra otras siete mercantiles, entre las que se encuentra la firma Grant Thornton, y ha señalado que la compañía aportó activos «sobrevalorados» de Aldira para completar su compra. Por ello, el juez explica que la empresa expidió informes «con conocimiento de que contenían una ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira», lo que conllevaba «un engaño hacia los accionistas de Urbas«.
Source: Bolsamania.com
