En una nota remita este lunes, la Fiscalía General del Estado explica que esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
«Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo», señala el Ministerio Público.
A finales de abril, el Gobierno respondió a los grupos parlamentarios que preguntaron por las investigaciones judiciales relacionadas con el Rey Juan Carlos que, «como no puede ser de otra manera, se continuará colaborando con las autoridades judiciales cuando estas lo requieran en las investigaciones ya iniciadas, tanto por ellas como por la Fiscalía».
Las preguntas se registraron unos días antes de que se publicase que el Rey Felipe VI figuraba como beneficiario de las fundaciones Lucum y Zagatka en relación con el supuesto cobro de comisiones ilegales -de en torno a 100 millones de dólares-, vinculadas a las obras del AVE Medina-La Meca.
Esa información se conoció el 15 de marzo y ese mismo día la Casa del Rey comunicó que Felipe VI había renunciado a la herencia personal de su padre y a cualquier estructura financiera que no cumpliese criterios de «rectitud e integridad».
Source: Bolsamania.com
