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Con la aparición del nuevo Ingreso Mínimo Vital se incrementaron las solicitudes en los diferentes servicios del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por lo que este decidió contratar a Tragsatec, una empresa pública filial de Tragsa, para atender las peticiones.
El valor del contrato asciende a 7,6 millones de euros, destinados a contratar a 500 tramitadores en régimen de teletrabajo durante cuatro meses y proporcionar asistencia telefónica para los solicitantes.
Los tramitadores recibieron órdenes de Tragsatec para reducir las categorías de clasificación iniciales -las ocho o nueve que utilizaba la Seguridad Social- a tres: “Iniciado”, “Paralizado” o “Requerido”. El problema radica en que, según ha denunciado un trabajador, algunos expedientes se dejan en «requeridos» cuando tendrían que admitirse como «conformes».
“Un expediente en ‘Requerido’ está pendiente de que se envíe una carta de requerimiento de información que se adjuntaba en una base de datos junto a toda la información que teníamos de ese expediente o que habíamos recabado de ese expediente”, explica el extrabajador contratado por Tragsatec.
Source: Bolsamania.com
