El Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda «va a garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada en condiciones de asequibilidad«. «El mercado se ha demostrado ineficaz para dar respuesta a esta necesidad. Los que pregonan la liberalización lo único que consiguieron en su día fue el lucro de grandes agente inmobiliarios generando un gran sufrimiento a la mayoría de familias», ha expresado Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Según sus palabras, el Gobierno ha aprobado una ley «imprescindible» destinada a las «personas angustiadas por el pago de alquileres o hipotecas». «La vivienda no puede suponer una condena para la pobreza ni convertirse en una losa que impide que los jóvenes puedan realizar sus proyectos».
¿Qué trae esta Ley de Vivienda? No se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social, que será considerado como un patrimonio sujeto a protección y se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de 30 años. Además, se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, como figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo.
El derecho a una vivienda digna y adecuada debe ejercerse en condiciones asequibles, comprometiendo a los poderes públicos. Se define un estatuto jurídico de derechos y deberes asociados a la propiedad de vivienda, delimitando su función social. También se declararán aquellos lugares con peor acceso a la vivienda como zonas de mercado residencial tensionado para aplicar medidas que impulsen su acceso.
Se introduce en la Ley estatal una definición de carácter general del concepto de gran tenedor, como la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2, también de uso residencial.
En cuanto a los mecanismos de contención y bajada de los precios del alquiler: se incorporarán más viviendas, habrá contención y reducción de la renta, impidiendo incrementos abusivos y se establece un mecanismo excepcional para intervenir en el mercado y amortiguar situaciones de tensión. Se creará también un entorno fiscal favorable para reducir el precio del alquiler y el incremento de oferta asequible.
Se mejora la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad, se impulsa la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Habrá más garantías en la compra o el alquiler con información básica de las condiciones de la operación y de las características de la vivienda y del edificio.
Se crea el Consejo Asesor de Vivienda, para asegurar la participación de todos los agentes en las políticas. Y se ofrecerá más información y transparencia en las políticas públicas de vivienda, para conocer todos los programas y servicios útiles para acceder a una vivienda. Igualmente, se refuerza la actuación estatal en materia de vivienda y de rehabilitación, a través de planes plurianuales, basados en la cooperación interadministrativa.
«Esta ley va al principal problema estructural que tiene el mercado de la vivienda en España, que es que no tenemos un parque público de vivienda en alquiler». «Es muy poco ético tener viviendas vacías cuando hay muchísimas personas, gente joven y no tan joven que no solo no pueden acceder a una vivienda, sino que están viviendo en la calle», ha destacado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
INFORME DEL CGPJ
Sobre el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sánchez ha expresado que «el Gobierno mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en materia de vivienda no invade ninguna competencia autonómica«, la ley «reconoce las competencias autonómicas en esta materia y pone a su disposición todos los instrumentos y les permite aplicar otros que consideren necesarios». No obstante, se han incorporado una serie de ajustes técnicos.
El informe del CGPJ contenía que la «expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí».
Source: Bolsamania.com
