La compañía ha situado este negocio como uno de sus principales vectores de crecimiento, con inversiones previstas de casi 4.500 millones de euros entre 2026 y 2030, con una importante presencia en Madrid y Aragón, para el despliegue de su fase III, dentro de un programa que contempla 7.840 millones para sus tres primeras fases. En los resultados correspondientes al primer semestre, la compañía elevó previsiones gracias a las buenas cifras de este negocio, responsable del 80% de la creación de valor de sus activos durante los seis primeros meses del ejercicio. De hecho, Merlin pronostica que las rentas procedentes del arrendamiento de estos espacios le reportarán unos 1.150 millones de euros en 2032, casi dos tercios de los 1.800 millones de facturación que tiene previsto alcanzar en ese ejercicio.
Sin embargo, el nuevo marco regulatorio que prepara el Gobierno de España para organizar el despliegue de estas instalaciones parece haberse convertido en un foco de preocupación para los inversores. El Ejecutivo está trabajando en un proyecto de real decreto, cuya tramitación administrativa se realizará por la vía de urgencia, que recoge medidas en materia de resiliencia y soberanía digital, como la obligación de que la operación del centro y el control de los datos asociados a la operación correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE, y también en materia de sostenibilidad ambiental y energética, como la obligación de consumir energía renovable de nueva implantación, además de cumplir ciertos criterios de eficiencia energética y de consumo de agua.
En concreto, una de las principales medidas es exigir que los centros de datos cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico, hora a hora, con nueva generación renovable, bien mediante instalaciones propias bien a través de un proveedor, hasta que la generación renovable se sitúe por encima del 90% del ‘mix’ eléctrico.
El acceso a la red también estará bajo mayor control gubernamental. Según detalla el Gobierno, España cuenta con una Estrategia de Inteligencia Artificial, que estima unos 2,5 GW de potencia de computación en 2030, que necesitarían de 3,5 GW a 4 GW de demanda eléctrica. Sin embargo, las peticiones y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones superan varias veces ese objetivo: desde 2021, se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a proyectos de datos y redes de distribución.
El Gobierno pretende así discriminar entre aquellos proyectos con posibilidades reales de ejecución y aquellos que mantienen capacidad reservada y que no avanzan en su desarrollo. El incumplimiento de estas condiciones «acarreará penalizaciones crecientes en los importes que correspondan en cargos y peajes y, en última instancia, la pérdida del propio derecho de acceso», según explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. «Con estos recargos se compensará el sobrecoste que el incumplimiento de las obligaciones de adicionalidad y correlación horaria de consumo de renovables pudiera repercutir sobre el sistema y, por tanto, sobre las facturas de electricidad», añade.
Los proyectos de centro de datos en tramitación tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento –tres meses si están a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica– o renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las correspondientes garantías.
El sector ya ha criticado con dureza este proyecto. La patronal española de los centros de datos, Spain DC, ha afirmado que «España no se puede permitir convertirse, por decisión regulatoria, en uno de los mercados europeos más difíciles para desarrollar infraestructura digital«, en declaraciones recogidas por el diario ‘Cinco Días’. «Habría que preguntarse a quién beneficia realmente este decreto y por qué el Gobierno deja al sector en España a los pies de los caballos, en clara desventaja competitiva con nuestros vecinos europeos», añade Nacho Velilla, consejero delegado de Templus.
Estas medidas llegan en un contexto de creciente oposición social a los centros de datos y, en última instancia, a la inteligencia artificial (IA) con origen en Estados Unidos, uno de los países que está invirtiendo con más fuerza en estas tecnologías. Sin ir más lejos, Goldman Sachs calcula que la demanda eléctrica de los centros de datos estadounidenses crecerá de 31 gigavatios en 2025 a 66 gigavatios en 2027.
En este sentido, una reciente encuesta de ‘NBC News’ revela que el 69% de los encuestados se opondría a la construcción de centros de datos de IA en su localidad frente a un 31% que no ve con malos ojos esta opción. El 57% de los republicanos está en contra de estas tecnologías, un porcentaje que se eleva hasta el 81% en el caso de los votantes demócratas, a pesar de que los datos de la encuesta reflejan que la mitad de los encuestados (52%) utilizan herramientas de IA de forma regular.
En España tampoco parece haber un clima favorable para ello. ‘El Periódico de Aragón’ informa este martes que una reunión de dos horas entre Ismael Clemente, CEO de Merlin, y 80 vecinos de Botorrita, pueblo de Zaragoza en donde la compañía proyecta un centro de datos con una inversión de 1.200 millones, no fue demasiado positiva, con algunos de los presentes llegando a reconocer que abandonarían el pueblo si el proyecto sigue adelante.
EL MERCADO SIGUE SIENDO OPTIMISTA
De momento, la normativa no parece desviar a Merlin de sus planes. La compañía está centrada ahora en mantener el ritmo de ejecución de su hoja de ruta, mientras que los inversores deben evaluar ahora cuánto de ese potencial crecimiento se refleja ya en la valoración de Merlin y cuánto puede verse afectado por el nuevo marco regulatorio del Gobierno.
A este respecto, Goldman Sachs ha reiterado su recomendación de ‘comprar’ las acciones de Merlin, pero recorta su precio objetivo hasta los 17,9 euros, un euro menos que en su anterior valoración. La nueva valoración refleja un potencial alcista del 35% para estos títulos desde los precios de cierre de este lunes.
Por el contrario, Jefferies rebajó en agosto su consejo sobre la socimi a ‘mantener’, llevando su precio objetivo hasta los 16 euros desde los 17 anteriores. «El impulso en los centros de datos está creciendo, sin embargo, la exposición a los operadores de neocloud y la promoción moderan la revalorización a corto plazo», señalaron estos expertos.
Según datos de ‘MarketScreener’, 17 de los 21 analistas que cubren a Merlin recomiendan ‘comprar’ sus acciones y otorgan un potencial de revalorización medio del 31% al valor.
Source: Bolsamania.com
