Según afirman Carlo Capuano, director ejecutivo, y Marta Sáenz Abenz, directora del sector soberano y público de la firma, «España entra en el período electoral desde una posición de relativa fortaleza económica» y se mantendrá notablemente por encima de la media de la zona euro y de sus países homólogos.
«El sólido crecimiento, la diversificación económica, la resiliencia del mercado laboral y las expectativas de inversión sostenida constituyen un importante respaldo para la calificación soberana. La consolidación fiscal también ha continuado, con la deuda pública en una trayectoria gradualmente a la baja y los déficits reduciéndose con respecto a los niveles posteriores a la pandemia», señalan.
Por lo tanto, consideran que el principal riesgo crediticio asociado a las elecciones «es de carácter político, más que económico».
«El panorama parlamentario cada vez más fragmentado de España ha complicado la formación de coaliciones, lo que limita la capacidad de los gobiernos para aprobar presupuestos o impulsar reformas estructurales clave. La fragmentación política puede ralentizar la toma de decisiones, diluir las medidas políticas y complicar la gestión fiscal, especialmente cuando es necesario tomar decisiones difíciles en materia de gasto», afirman.
Para los inversores de deuda, creen que la cuestión principal será si las elecciones dan lugar a un gobierno capaz de mantener una amplia continuidad en las políticas, incluida la prudencia fiscal: «Un período prolongado de negociaciones para formar una coalición o un nuevo recurso a presupuestos prorrogados podrían ralentizar la aplicación de las reformas y reducir la flexibilidad política, aunque ello no altere de forma inmediata la trayectoria fiscal de España. Al mismo tiempo, la perspectiva crediticia de España sigue respaldada por factores que son relativamente independientes del ciclo electoral. Estos puntos fuertes aportan un cierto grado de resiliencia frente a la incertidumbre política a corto plazo».
Según concluyen, ven «poco probable que las elecciones, por sí solas, constituyan un evento crediticio significativo».
«Una mayoría de gobierno clara o una coalición duradera favorecerían la previsibilidad de las políticas. Por el contrario, un estancamiento político prolongado podría lastrar el impulso reformista y ralentizar los avances a la hora de abordar los retos pendientes de España, en particular la elevada deuda pública, el alto nivel de desempleo, las presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento de la población y la asequibilidad de la vivienda», exponen.
Source: Bolsamania.com
