«El capítulo dedicado a la energía tiene implicaciones directas para las empresas del sector energético en España», dicen estos expertos, que explican que el programa del PP es positivo porque en él «se plantea una extensión de la vida útil de las centrales nucleares, aunque el documento no especifica la duración de dicha prórroga».
El Partido Popular «se compromete a anular el calendario de cierre de todas las centrales nucleares españolas durante los primeros 100 días de mandato -sujeto a la aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear- y a aprobar una estrategia nuclear nacional que contemple el desarrollo de reactores avanzados y reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés)».
Además, destacan, «todas las tecnologías -nuclear, renovables y almacenamiento- competirían en igualdad de condiciones en las subastas y en la asignación de subvenciones, sustituyendo el actual marco del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima)».
Y en lo que respecta a los costes para el consumidor final, «se eliminaría el impuesto del 7% a la producción de energía eléctrica desde el primer día, y se establecería una tarifa social única que reemplazaría a los actuales ‘bono eléctrico’ y ‘bono térmico'».
Por otro lado, el programa contempla un «plan para desbloquear el acceso a la red eléctrica en un plazo de 18 meses«, y eso, explican estos analistas, «apunta a una aceleración de las inversiones en infraestructuras de red».
Como dicen, «el acceso a la red eléctrica se aborda mediante un plan de 18 meses destinado a resolver los cuellos de botella en las conexiones (el programa incluye, además, el compromiso de construir un millón de nuevas viviendas), dando prioridad a la capacidad necesaria para el sector industrial, la logística y los centros de datos, junto con una mejora de las interconexiones europeas».
De hecho, comentan desde RBC que en este apartado «se hace mención específica a los centros de datos, si bien el programa no detalla una regulación concreta para ellos».
El PP promete, asimismo, «actualizar las normas de funcionamiento de la red en un plazo de seis meses, implementar un sistema de supervisión de la red en tiempo real con alertas tempranas, y establecer una norma vinculante que prohíba el cierre de cualquier central de gas o hidroeléctrica mientras no exista un sustituto técnicamente acreditado».
Y en cuanto a la transición energética, «la descarbonización sigue siendo un objetivo declarado», aunque el Partido Popular «adopta un enfoque basado explícitamente en el análisis coste-beneficio, proponiendo revisar los calendarios de transición sectorial en función de la tecnología disponible y la evolución de la demanda, en lugar de ceñirse a un cronograma rígido preestablecido».
Source: Bolsamania.com
